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Ciudad de México. La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), donde convergen los principales directivos del órgano, aprueba un nuevo ajuste al presupuesto para la organización de la elección judicial, al fijarla en 6 mil 219 millones de pesos, esto es 110 millones menos que la cifra aprobada en la víspera en su comisión temporal de presupuesto.
En una carrera contra el tiempo – y en medio de una persistente división entre consejeros- la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, dijo que “no fue tarea fácil” construir este ajuste y algunos cambios se hicieron con “dolor” de algunas áreas, aunque ratificó que solicitarán una ampliación presupuestal apenas inicie enero.
“Si esto funciona estaremos mucho mejor en términos de calidad y resultados que debemos que dar al país. Estoy convencida que es el camino al que teníamos que llegar y segura de que saldremos adelante con algunas medidas de racionalidad y austeridad para que esto pueda complementarse y redireccionando recursos en el camino.
“No será la primera vez que el INE implemente este tipo de medidas y hoy lo haremos de nuevo, garantizando los grandes proyectos que tenemos enfrente, las elecciones locales en Durango y Veracruz, y la elección del poder judicial a nivel federal; la constitución de nuevos partidos políticos, y la salvaguarda de los derechos laborales de todo el personal del Instituto”, señaló.
No obstante fue pospuesta para el 30 de diciembre la sesión del consejo general en el que previsiblemente se dará la definitividad al “ajuste” presupuestal para el año entrante, luego del recorte aplicado por la Cámara de Diputados, de 13 mil millones de una petición general de 40 mil millones.
El miércoles, en comisión, se indicó que del monto total disponible para el próximo año, de 27 mil millones, 12 mil 325 millones serían para la operación del INE; 990 millones para la denominada Cartera Institucional de Proyectos (CIP); 6 mil 329 millones para la elección judicial (de una previsión original de 13 mil 205 millones) y 7 mil 354 millones de financiamiento público a los partidos políticos nacionales.