Lilia Santos.
Lerdo de Tejada, Veracruz.— La encargada de la oficina municipal de los programas Bienestar en Lerdo de Tejada, Deysi Segura Ambrosio, denunció públicamente haber sido despedida de forma injustificada por órdenes del director regional de Bienestar, Jesús Córdova Salas, y del delegado federal del programa en Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín.
La denuncia se realizó la mañana de este viernes 13 de junio, cuando Segura, acompañada de otros trabajadores, tomó simbólicamente las instalaciones de Bienestar en protesta por su cese laboral. Asegura que su despido no solo carece de fundamento legal, sino que está vinculado a represalias por no haber apoyado políticamente a la excandidata a la alcaldía por Morena-PVEM, Beatriz Sillies, durante el proceso electoral reciente.
“La candidata de Morena me amenazó con despedirme si no la apoyaba en campaña. Incluso querían que utilizáramos los programas para presionar a los adultos mayores a votar por ella. Me negué, y ahora me están corriendo”, declaró Segura Ambrosio.
Según la denunciante, fue notificada informalmente por Córdova Salas de que su contrato ya no estaría vigente, a pesar de tener un documento firmado que abarca del 1 de abril al 30 de junio de 2025. Además, afirmó no haber recibido el pago correspondiente a la última quincena, lo cual agrava su situación.
“No me han dado la cara ni me justifican el despido. Me dejaron sin salario y sin explicación, a pesar de mi antigüedad y el trabajo realizado”, añadió.
Deysi Segura recordó que desde 2018 ha sido la responsable de la oficina de Bienestar en Lerdo de Tejada y que, gracias a su gestión, se logró habilitar una sede municipal adecuada, con equipo y condiciones dignas para atender a los beneficiarios. En todo ese tiempo, asegura, no hubo quejas en su contra.
Además, denunció presuntas irregularidades cometidas por funcionarios de Bienestar a nivel estatal y regional durante la campaña, señalando que existen audios que evidenciarían órdenes directas para utilizar los programas sociales con fines electorales, a favor de la excandidata Beatriz Sillies.
La exencargada exigió una revisión a fondo del caso y pidió la intervención directa de la gobernadora Rocío Nahle García:
“Pido a la gobernadora que escuche nuestras voces. No soy la única trabajadora a la que han corrido por no prestarse a sus intereses políticos. Muchos compañeros callan por miedo. Yo no voy a quedarme callada”.
Finalmente, responsabilizó públicamente a los funcionarios mencionados de cualquier represalia en su contra o contra su familia, señalando que ha recibido mensajes intimidatorios desde que decidió exponer los hechos.




