El encuentro realizado a las 14:30 horas de México, en la sede del Departamento de Estado, significó la primera reunión bilateral en materia de seguridad entre los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de Donald Trump.

Se revisaron avances y se acordaron nuevas acciones para reforzar la lucha contra el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, y de armas, de acuerdo con un comunicado que estuvo disponible ayer en el sitio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) entre las 16 y las 17 horas, y que luego fue sustituido por un segundo boletín.

En el primer comunicado se enfatizó que la reunión se realizó en seguimiento a las instrucciones de la presidenta Sheinbaum Pardo y que se discutieron los avances alcanzados por las autoridades mexicanas en incautaciones, detenciones y operativos desde la conversación del 3 de febrero entre la mandataria y Trump.

Se mencionó que, como resultado, el gobierno mexicano y el estadunidense acordaron una serie de acciones conjuntas para reforzar el combate al crimen organizado.

La delegación mexicana fue encabezada por el canciller Juan Ramón de la Fuente; los secretarios de Seguridad, Omar García Harfuch; de la Defensa, Ricardo Trevilla; de Marina, Raymundo Pedro Morales; el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y el embajador de México, Esteban Moctezuma.

El propósito central de estas medidas es reducir las muertes relacionadas con el consumo de fentanilo ilegal y el uso de armas de fuego traficadas ilícitamente, se señaló.

El gobierno de México fue explícito al apuntar en ese documento que en la reunión la delegación mexicana subrayó que toda colaboración en materia de seguridad se realizará bajo los cuatro principios establecidos por la Presidenta: responsabilidad compartida, confianza mutua, cooperación sin subordinación y respeto a la soberanía.

Agregó que se pactó la realización de reuniones periódicas de alto nivel para evaluar los avances y mantener una comunicación constante en esta materia.

El segundo comunicado, que sustituyó al primero, fue más breve y general, y en él no se hizo referencia a los acuerdos alcanzados. En este, la SRE afirmó que fue una reunión muy positiva para avanzar en la seguridad de ambos países bajo los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, cooperación sin subordinación y respeto a la soberanía.

Añadió que el encuentro se celebró en el marco del respeto a la soberanía de nuestros países, así como del compromiso de cooperación en materia de seguridad y protección a nuestras comunidades y que se abordaron los temas de tráfico de drogas ilícitas, tráfico de armas, así como el intercambio de información en materia de inteligencia e investigación.

Por parte de Estados Unidos, acompañaron a Rubio el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y la fiscal general, Pamela Bondi, entre otros funcionarios.

Hasta el cierre de esta edición, el gobierno del país vecino no había emitido ningún comunicado sobre la reunión.

El secretario de Defensa aprobó las órdenes el viernes, informaron al diario dos funcionarios de defensa familiarizados con el asunto bajo condición de anonimato. Los soldados pertenecen principalmente a la 2.ª Brigada Stryker de la 4.ª División de Infantería en Fort Carson, Colorado, y se les unirán soldados especializados en ingeniería, inteligencia y asuntos públicos.

Los funcionarios del Comando Norte de Estados Unidos, que supervisa las operaciones militares en Estados Unidos, y los portavoces del Pentágono, John Ullyot y Sean Parnell, no respondieron a una solicitud de comentarios que le realizó el diario.

La víspera, el Comando Norte de Estados Unidos comunicó que por orden del Departamento de Defensa desplegó aproximadamente a mil 140 soldados adicionales para mejorar las capacidades de Aduanas y Protección Fronteriza, como parte de la misión a lo largo de la línea limítrofe con México.

Las tropas se unieron a los 4 mil 200 fuerzas castrenses e infantes de marina que ya trabajan en colaboración con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, para coordinar el protocolo logístico, proporcionar asistencia a los sitios de alimentación en el terreno y controlar el movimiento táctico, añade el memorando.

“Ellos pueden nombrarlos como quieran, pero eso no les da derecho a intervenir en nuestro país. Nos coordinamos, colaboramos, pero no nos subordinamos y no estamos de acuerdo en cualquier tipo de injerencia o intervención”, enfatizó la mandataria en su rueda de prensa diaria en Palacio Nacional.

Al referirse a la reciente declaración del gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, que designa a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, Sheinbaum Pardo dejó en claro que, si bien México colabora con el gobierno estadunidense en el combate al narcotráfico, no permitirá injerencias en su territorio bajo este pretexto y que ese es el sentido de las iniciativas de reforma constitucionales que envió al Congreso.

Subrayó que esta reforma plantea sanciones severas para cualquier extranjero que realice actividades ilegales dentro del territorio mexicano sin la debida colaboración y autorización del Estado mexicano.

Por otro lado, respecto a la carta entregada en el Consulado de México en Nueva York por un asesor jurídico de Ismael El Mayo Zambada, en la que solicita la intervención del gobierno mexicano para su repatriación, Sheinbaum destacó que el caso tiene implicaciones sobre la soberanía nacional. Subrayó que, más allá de la identidad y delitos del solicitante, el tema de fondo es el derecho de los ciudadanos mexicanos y el debido proceso ante la justicia de otros países.

“El tema que plantea la carta tiene que ver con la soberanía y el juicio. Nadie está defendiendo al personaje, sino el hecho de cómo se dio la detención sin el debido procedimiento”, explicó Sheinbaum.

Finalmente, al ser cuestionada sobre un supuesto intento de captura de Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, Sheinbaum afirmó no tener información al respecto y remitió el caso al Gabinete de Seguridad, que ofrecerá detalles en la próxima reunión de seguridad programada para el martes.

“Estas entidades incluidas en la lista son grupos de delincuencia organizada que siembran el miedo en las poblaciones locales utilizando métodos de violencia extrema, y son conocidas por el tráfico de drogas, la trata de seres humanos y el tráfico de armas ilegales”, declaró David McGuinty a periodistas en Ottawa.

“Las medidas que estamos tomando impedirán que el fentanilo salga de las calles y entre en Estados Unidos”.

“Le digo al presidente Donald Trump, con respeto, que pida los informes de los últimos cuatro años del FBI (Buró Federal de Investigación, siglas en inglés) y la DEA (Administración de Control de Drogas) de las oficinas en Colombia para que usted vea quiénes financiaron, movieron y dirigieron al famoso Tren de Aragua, quiénes lo llevaron a Colombia y EU”, expresó Maduro durante una alocución​​​.

Al respecto, señaló que desde Colombia se pretendió utilizar a este grupo criminal para impulsar actos terroristas en Venezuela.

“Pida los informes verídicos que aquí en Venezuela nosotros derrotamos, desmembramos y acabamos con ese grupo delincuencial violento que pretendió utilizarse desde Colombia con lazos profundos con la antigua administración Biden para traer terrorismo a Venezuela”, comentó.

Asimismo, Maduro aseguró que los migrantes de su país “no son delincuentes”, sino ciudadanos que salieron de Venezuela producto de las sanciones económicas impuestas contra el país.

Maduro ofreció las declaraciones poco después del anuncio de la repatriación de un grupo de connacionales trasladados desde EU a la base naval de Guantánamo.

Por su parte, la Cancillería de Honduras confirmó su colaboración con la repatriación de los 170 migrantes venezolanos deportados por EU, en un esfuerzo conjunto por garantizar la protección humanitaria y la solidaridad con los migrantes en la región.

Además, ante la decisión de Washington de designar como “terroristas” a distintas organizaciones, incluido el Tren de Aragua, la administración de Maduro ratificó que dicha “estructura criminal fue desmantelada en Venezuela”.

La corte de apelaciones del noveno circuito, con sede en San Francisco, rechazó la petición de solicitud de Trump de pausar la orden de un juez de primera instancia que ponía freno al decreto que firmó, cuando asumió el cargo hace un mes, para restringir el otorgamiento de la ciudadanía.

Es la primera vez que un tribunal de apelación aborda la solicitud del magnate, cuyo destino ahora puede decidirse en última instancia en la Suprema Corte

A su vez, el juez de distrito Christopher R. Cooper, a quien designó el ex presidente Barack Obama, falló ayer en contra del Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro y otras cuatro organizaciones laborales, que solicitaron una suspensión temporal de los despidos masivos, y se negó a emitir una orden de restricción temporal que detenga las medidas de Trump para cesar a quienes tengan contrato a prueba o que sean no esenciales.

Por otro lado, otro impartidor de justicia federal se negó a bloquear, por el momento, la orden abrupta del magnate para la suspensión del financiamiento del mayor programa privado de reasentamiento de refugiados en ese país, lo que representa un revés para la Conferencia Episcopal que organiza esa misión.

El enfrentamiento con distintos jueces ha bloqueado los intentos del Ejecutivo para congelar billones de dólares en subvenciones y préstamos federales; detener miles de millones de dólares en asistencia extranjera, así como para desmantelar la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés).

En ese sentido, expertos legales aseguraron al periódico The Wa-shington Post que las maniobras agresivas de la administración republicana se han acercado a la línea roja de violar abiertamente órdenes judiciales y desafiar a los togados federales, algo insólito en ese país.

Adelgazar al gobierno

Los esfuerzos liderados por el principal asesor de Trump, Elon Musk, y su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), de reducir el número de empleados en la administración pública persisten.

Un directivo del Servicio de Impuestos Internos estadunidense comunicó ayer a su personal que hasta 6 mil empleados serán despedidos, informó una persona familiarizada con el asunto, en una medida que eliminaría a 6 por ciento de la fuerza laboral de la agencia durante la temporada crítica de presentación de declaraciones fiscales.

En este contexto, casi 100 personas han perdido su trabajo en la agencia federal que se dedica a prevenir muertes por sobredosis y suicidios, de acuerdo con un funcionario de Salud y Servicios Humanos, que habló con la agencia Ap bajo condición de anonimato.

A su vez, el Post también informó que la Casa Blanca y los funcionarios del Departamento del Tesoro convinieron prohibir al DOGE acceder a datos personales de los contribuyentes, confirmaron dos empleados familiarizados con el acuerdo, en aras de evitar una crisis de vulneración a la privacidad de los ciudadanos, lo cual ya se estaba gestando en la agencia tributaria.

El medio de investigación The Intercept señaló que si los contratos y las políticas gubernamentales de Musk se vieran amenazados demanera creíble, sus recientes ganancias en papel se reducirían o desaparecerían y se insuflaría vida al Partido Demócrata. Para lograrlo, los miembros del Congreso deberían adoptar “una postura pública firme contra cualquier contrato gubernamental que se otorgue a las empresas de Musk. Asimismo, los senadores estadunidenses podrían utilizar bloquear la mayoría de las leyes que permiten el financiamiento a las empresas del magnate.

Nuevas órdenes de la Casa Blanca

Trump reiteró ayer su plan de incluir varias estatuas de afroestadunidenses que hicieron historia en el Jardín Nacional de Héroes Estadunidenses, iniciativa que propuso al final de su primer mandato presidencial, pero que la administración Biden rechazó, en momentos en que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que Trump ha firmado 73 órdenes ejecutivas en su primer mes como presidente.

En tanto, el republicano anunció que eliminará las protecciones para medio millón de haitianos que estaban exentos de ser deportados, lo cual significa que perderían sus permisos de trabajo y serán elegibles para ser expulsados en agosto. En tanto, Venezuela informó que Estados Unidos deportó a Caracas a un grupo de migrantes que estaba detenido injustamente en la base estadunidense en Guantánamo, Cuba.

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, hizo saltar las alarmas el martes al anunciar que abandonará su programa de fact-checking con verificadores independientes en el país, para transferir esa tarea a los usuarios de a pie con un modelo similar al de las notas comunitarias de la red X.

La decisión ha sido vista por analistas como un intento de apaciguar al presidente electo Donald Trump, cuya base de apoyo conservadora se ha quejado insistentemente de que la verificación en las plataformas tecnológicas es una forma de restringir la libertad de expresión y censurar.

“Creo que es realmente vergonzoso”, dijo Biden a los periodistas en la Casa Blanca cuando se le preguntó por el anuncio. “Decir la verdad importa”, consideró, al añadir que la medida es “completamente contraria a todo lo que es Estados Unidos”.

La red internacional de verificadores de informaciones IFCN (International Fact-Checking Network) advirtió este viernes en una carta del impacto potencialmente devastador que tendría que el grupo de Zuckerberg pusiera fin a su programa en todo el mundo, presente en más de cien países.

“Algunos de estos países son muy vulnerables a la desinformación, que estimula la inestabilidad política, la injerencia electoral, la violencia popular e incluso el genocidio”, declaró la alianza que agrupa 137 organizaciones, entre ellas la AFP.

Zuckerberg redobló su apuesta en una entrevista el viernes con el podcaster Joe Rogan, comparando el programa de fact-checking con “algo sacado de ‘1984’”, en referencia a la novela distópica de George Orwell.

Añadió que esa iniciativa, que comenzó en 2016, estaba “destruyendo demasiada confianza, especialmente en Estados Unidos”.

Rigor y eficacia

Al anunciar su decisión, Zuckerberg ya había dicho que los verificadores “han estado demasiado politizados y contribuyeron a reducir la confianza más que a mejorarla”.

“Es falso y queremos restablecer la verdad, tanto para el contexto actual como para la historia”, replicó la red de verificadores, insistiendo en que los colaboradores de Meta en la comprobación de hechos se sometían a una metodología “rigurosa” para cumplir sus estrictas normas de imparcialidad.

Lejos de cuestionar esas normas, añadió, Meta había “elogiado sistemáticamente su rigor y eficacia”.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, también insistió este viernes en que “autorizar los discursos de odio y los contenidos dañinos en internet tiene consecuencias en el mundo real” y que “reglamentar estos contenidos no es censura”.

Además, Brasil dio 72 horas a Meta para que explique su política de verificación en el país y cómo piensa proteger los “derechos fundamentales” en sus plataformas.

El encargado de la defensa legal del gigante suramericano, Jorge Messias, dijo a los periodistas que su oficina podría tomar medidas “legales y judiciales” contra Meta si no responde a tiempo a una notificación extrajudicial presentada este viernes.

Facebook paga actualmente a unas 80 organizaciones de todo el mundo para utilizar sus verificaciones en la plataforma, así como en WhatsApp e Instagram. La Agence France-Presse (AFP) trabaja con ese programa de verificación en 26 idiomas.

Incitación al odio

Los temores sobre un posible aumento de la incitación al odio han aumentado cuando Meta también ha eliminado restricciones sobre temas como el género y la identidad sexual.

La última versión de las directrices comunitarias de la compañía dice que sus plataformas permitirían ahora a los usuarios acusar a las personas de “enfermedad mental o anormalidad” por su género u orientación sexual, por ejemplo.

Esta revisión de políticas de Meta llega a menos de dos semanas de que Trump asuma nuevamente la presidencia el 20 de enero.

En los últimos años, los republicanos, así como Elon Musk, dueño de la red X (antes Twitter) y muy cercano al magnate, se han quejado de los programas de verificación de información al considerarlos como una “censura”.

Con una nueva temporada del “bitcóin momento”, luego de alcanzar nuevos máximos históricos en el 2024 y romper la barrera de los 100 mil dólares, este 2025 se espera positivo, tanto para el bitcóin como para otros activos digitales, prevé Bitso.

La plataforma, que lidera Daniel Vogel, afirmó que las criptomonedas se consolidan como pilares del futuro del ecosistema financiero global.

“Avances regulatorios, adopción gubernamental e institucional, el desarrollo de puentes entre la industria tradicional y el ecosistema cripto, y la inteligencia artificial, marcarán el rumbo en un año que podría ser el punto de quiebre para los casos de uso de cripto”, garantizó Bitso.

Al compartir sus predicciones, la empresa de servicios financieros de América Latina, impulsada por criptomonedas, destacó que los ETF’s (títulos referenciados) de bitcóin atraerán a cada vez más inversionistas institucionales, quienes asignarán mayores porcentajes de sus carteras a cripto, generando una evolución de la oferta a través de instrumentos derivados y productos financieros avanzados. 

Además, se pronostica que este año al menos dos países industrializados  incluirán bitcóin en sus reservas. Por otra parte, el impulso a la industria cripto que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, prometió, así como la propuesta de crear una reserva estratégica de bitcóin , tienen el potencial de acelerar este proceso.

Una mayor claridad regulatoria derivada del cambio de administración en Estados Unidos podría traer un enfoque renovado hacia la regulación de activos digitales, con la posibilidad de mayor claridad legal y estándares uniformes. Esto ejercerá influencia en los marcos regulatorios de América Latina. Además de México, países como Brasil, Colombia y Argentina, están en un ecosistema cripto de rápida evolución, donde las decisiones de Estados Unidos podrían servir como modelo o punto de referencia. 

Es probable que los reguladores latinoamericanos adopten medidas más claras que promuevan la innovación mientras mitigan los riesgos, fomentando un entorno más seguro para los usuarios y que atraiga inversiones globales.

Desde la optimización de mercados descentralizados a través de algoritmos avanzados, hasta el desarrollo de wallets(carteras) inteligentes capaces de predecir patrones de gasto y maximizar rendimientos, este crossover abrirá nuevas oportunidades.

Motor silencioso

Las stablecoins o monedas estables (criptomonedas con paridad 1:1 a una moneda fiduciaria como el euro o el dólar) estarán posicionadas como un pilar clave en el mercado global de divisas, y se pronostica que representarán al menos 4 por ciento del volumen diario de intercambio, el doble de su participación actual.

De acuerdo con datos de Bitso, las cinco principales stablecoins generan más de 154 mil millones de dólares en transacciones diarias, un poco más de 2 por ciento del mercado, pero su propuesta de valor es innegable: disponibilidad las 24 horas, los siete días de la semana, transferencias casi instantáneas y tarifas significativamente más bajas en comparación con los sistemas tradicionales.

Este crecimiento será impulsado, en gran parte, por la adopción de inversionistas institucionales de stablecoins como una herramienta eficiente para pagos internacionales y liquidaciones . Por ejemplo, Bitso Business, la división B2B de Bitso, cerró el año casi duplicando su negocio, con más de 12 mil millones de dólares transaccionados. Este total incluyó el manejo de aproximadamente 10 por ciento de todas las remesas enviadas de Estados Unidos a México. 

En tanto, grandes bancos darán pasos significativos al integrar plataformas de trading y custodia de criptoactivos para clientes institucionales, respondiendo a la creciente demanda de soluciones confiables y reguladas. Por su parte, las compañías centradas en el intercambio de criptomonedas también evolucionarán, expandiendo su oferta hacia nuevos instrumentos de manejo de patrimonio.

Desde fondos diversificados que combinen cripto con activos tradicionales, hasta productos como cuentas de ahorro y estrategias automatizadas de inversión, estas innovaciones harán que el acceso a cripto sea más inclusivo y práctico. Este avance, reforzará la integración de las finanzas tradicionales y el mundo cripto. En este nuevo paradigma, la línea entre ambas se irá desdibujando, transformando por completo la forma en que las personas gestionan y crecen su patrimonio.

Carter fue blanco frecuente de las burlas de Trump durante su campaña de 2024, y el republicano arremetió nuevamente esta semana contra el demócrata de Georgia por ceder el control del Canal de Panamá a la nación centroamericana durante su mandato, hace más de cuatro décadas.

Trump, quien planea asistir el jueves al funeral de Carter en la Catedral Nacional de Washington, se comportó con seriedad en el Capitolio, caminando solemnemente hacia la rotonda acompañado de su esposa, Melania, y deteniéndose frente al féretro envuelto en la bandera de Estados Unidos, el cual descansa sobre el catafalco de Lincoln y está rodeado por una guardia de honor militar.

Trump ridiculizó al presidente Joe Biden y a Carter a lo largo de su campaña presidencial de 2024.

“Jimmy Carter está feliz porque tuvo una presidencia brillante en comparación con la de Biden”, solía decir Trump, utilizando una versión de la frase incluso en momentos en que la ex primera dama Rosalynn Carter estaba en su lecho de muerte en 2023 y durante el cumpleaños 100 de Carter el 1 de octubre de 2024.

El martes, el día en que los restos de Carter llegaron a Washington, Trump agregó: “En lo personal, me caía bien. No estaba de acuerdo con sus políticas. Él pensó que entregar el Canal de Panamá era algo bueno”.

Miembros del Congreso, personal del Capitolio y el ex presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, también se sumaron a la larga fila de dolientes. Lynda Robb y Luci Baines Johnson, hijas del presidente Lyndon Johnson, también rindieron tributo. Baines Johnson lanzó un beso hacia el ataúd mientras se alejaba.

Carter, el mandatario estadunidense de mayor edad, falleció el 29 de diciembre a los 100 años de edad.

Graduado de la Academia Naval de Estados Unidos, oficial de submarinos y agricultor de maní antes de ingresar en la política, Carter llegó a la Casa Blanca en 1976 como una figura externa tras la Guerra de Vietnam y el escándalo del Watergate. Su presidencia quedó marcada por cuatro turbulentos años de inestabilidad económica y crisis internacionales que culminaron con su derrota electoral ante el republicano Ronald Reagan.

El reporte indicó que más de 771 mil estadunidenses experimentaron falta de un refugio de emergencia o programa de vivienda de transición o en lugares sin refugio en todo el país.

El número de personas sin hogar se debe a factores como la vivienda inasequible, la elevada inflación, el racismo sistémico, las catástrofes naturales y el aumento de la inmigración, explicó el informe.

Un total de 771 mil 480 personas –aproximadamente 23 de cada diez mil habitantes de Estados Unidos– experimentaron la falta de hogar en un refugio de emergencia, un lugar seguro, un programa de alojamiento transitorio o en lugares no protegidos, revelan los datos publicados el viernes.

En general, el número de personas sin hogar aumentó 18 por ciento entre 2023 y 2024, mostraron los datos. Los reportes anuales anteriores, publicados el año pasado, mostraban un aumento de 12 por ciento.

Entre 2023 y 2024, los menores de 18 años fueron el grupo de edad que experimentó el mayor aumento de personas sin hogar. “Casi 150 mil niños experimentaron falta de vivienda en 2024, lo que refleja un aumento de 33 por ciento (o 32 mil 618 niños más) respecto a 2023.

Las personas de raza negra, que representa 12 por ciento de la población total de Estados Unidos y 21 por ciento de la población estadounidense que vivía en la pobreza, representan 32 por ciento de todas las personas sin hogar, mostraron los datos.

En 2022, la población de personas sin hogar era de alrededor de 580 mil.

El problema de las personas sin hogar se ha agravado en Estados Unidos, donde es habitual ver en muchas ciudades a indigentes viviendo a la intemperie, con tiendas de campaña instaladas en las aceras. Los gobiernos federal y estatales han impulsado estrategias divergentes para hacer frente a la crisis.

“El empeoramiento de nuestra crisis nacional de vivienda asequible, el aumento de la inflación, el estancamiento de los salarios entre los hogares de ingresos medios y bajos, y los efectos persistentes del racismo sistémico han llevado al límite los sistemas de servicios para personas sin hogar”, declaró el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano.

También señaló “otras crisis de salud pública, catástrofes naturales que desplazaron a personas de sus hogares, el aumento del número de personas que emigran a Estados Unidos y el fin de los programas de prevención de la falta de vivienda puestos en marcha durante la pandemia de covid-19”.

A su vez, el Departamento señaló que el número de personas sin hogar disminuyó en urbes como Dallas y Los Ángeles, y el condado de Chelsey, en Pensilvania.