Ante ello, a anunció una serie de iniciativas y acciones que su gobierno realizará para combatir este delito.

“Actuaremos en el marco de la ley y con toda la fuerza del Estado, la construcción por la paz y la lucha contra la impunidad es un eje de mi gobierno”, señaló al leer un documento que leyó en la mañanera de este lunes en torno al grave delito de desaparición y luego que el tema tomara de nuevo tras el hallazgo del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco.

“Nuestro sentir está con las familias de las personas desaparecidas, sabemos de su necesidad y anhelo de reencontrarse con sus seres amados, nunca vamos a confrontar a una madre cuyo hijo, hija, hermano, o un familiar desapareció”, remarcó.

Sobre las acciones, indicó que hoy firmará un decreto para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda a fin de ampliar su capacidad de atención, análisis de contexto y adquisiciones de equipos tecnológicos que acompañen la búsqueda con evidencias científicas.

El segundo, dijo, es que el próximo jueves enviará varias iniciativas de reforma al Congreso de la Unión; la primera, una reforma a la ley general de población para consolidar el certificado único de registro de población como la fuente única de identidad de las personas, esto para permitir cruzarla con todos los registros administrativos que existen en el país, para generar alertas que faciliten la identificación de indicios de vida de personas reportadas como desaparecidas.

“En esta labor participará la Secretaría de Gobernación por medio del Registro Nacional de Población y la Agencia de Transformacionales Digital y Telecomunicaciones”.

Otra iniciativa, dijo, será una reforma a la actual ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas, para crear la base única de información forense que se alimente con datos de los servicios periciales de las 32 fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR), así como de los servicios forenses estatal y federal.

También, agregó, “crear la Plataforma Nacional de Identificación Humana, que  comunique  y actualice la totalidad de registros administrativos y docentes, de cualquier autoridad de todo el país, incluido, cuando así se le llame, el registro electoral del Instituto Nacional Electoral, para cotejo de huellas dactilares, realizar consultas que identifiquen indicios de vida o incluso a personas fallecidas”.

Esa reforma incluirá además el fortalecimiento del Centro Nacional de Identificación Humana, que tendrá a su cargo la Plataforma Nacional de Identificación Humana, la cual contará con todas las técnicas, incluida la identificación de ADN, con el apoyo de instituciones científicas y en coordinación con la FGR, las fiscalías estatales, la CNB y las comisiones de búsqueda estatales y la agencia de transformación digital.

La tercera acción es incorporar en la ley nuevos protocolos que permitan generar una alerta de búsqueda inmediata de toda las corporaciones y entidades del país, así como abrir de inmediato carpetas de investigación por el delito de desaparición y no localización, sin necesidad de esperar 72 horas como todavía ocurre en algunos estados de la República.

“Cuatro, equiparar delito de desaparición al de secuestro y homologar tanto penas como procedimientos de investigación del delito de desaparición en todas las fiscalías estatales y en la federal”.

La quinta acción será establecer la publicación mensual de las cifras de carpetas de investigación sobre desapariciones de las fiscalías estatales y la FGR, como medio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La sexta, indicó, será fortalecer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para el acompañamiento, apoyo y asesoría a todos los familiares que tienen una persona desaparecida.

“El eje de nuestro gobierno está centrado en el respeto a los derechos humanos, la construcción de la paz y la atención a las víctimas y siempre la verdad y la justicia. Convocaremos al consejo nacional de seguridad pública para construir los protocolos junto con todos los gobernadores para atender este delito, la atención a las víctimas y el fortalecimiento de la comisiones de búsqueda, de las fiscalías estatales y de la FGR”.

La iniciativa de reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) se pone en pausa en lo que se realizan las mesas de trabajo con los maestros, informó la presidenta Claudia Sheinbaum. No se va a aprobar la norma hasta que quede claro y estén de acuerdo, subrayó.

Por separado, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, no descartaron que haya cambios en la iniciativa.

–¿Habrá cambios en la iniciativa? –se le preguntó a la titular de la Secretaría de Gobernación.

–Se va a someter a consideración de las mesas, de platicar con los maestros, se va a acordar –respondió.

En entrevista aparte, sobre la misma pregunta, Godoy dijo: esperemos que sí, en beneficio de los trabajadores.

Por la mañana, en su conferencia de prensa, la Presidenta manifestó que tiene que haber mucha información para que no haya malos entendidos de cuál es el objetivo de las reformas que se están planteando.

Se trata, ratificó, de que los servidores públicos de confianza, quienes ganamos en dos esquemas, salario base y compensación, aportemos una parte de esta última a los servicios de salud del Issste.

Pero a lo mejor la redacción no fue muy clara y los maestros pensaron que se les iba a descontar también a ellos, y no, a los docentes no se les descuenta absolutamente nada adicional de lo que ya está en la ley desde hace mucho tiempo.

Apuntó que los maestros y trabajadores del Issste en general “están pidiendo que se revise el régimen de pensiones. Lo que les hemos dicho es que están las mesas de trabajo, pero necesitamos revisar evidentemente de dónde va a salir el monto, si es que aumentan las pensiones. Y eso es lo que “se está revisando en las mesas de trabajo.

No se va a aprobar la ley hasta que quede claro y estén de acuerdo. Primero, que se sepa que no se les afecta en absolutamente nada y, segundo, para todo lo de pensiones, también seguir trabajando con ellos para ver cómo podemos mejorarlas.

Fuentes federales señalaron que el Ministerio Público Federal obtuvo al menos nueve órdenes de aprehensión en contra de ex funcionarios michoacanos, y que entre ellos estaría un mandamiento en contra de Silvano Aureoles, ex legislador federal y gobernador de Michoacán de 2015 a 2021.

Entre los ex colaboradores de Aureoles que ya han sido detenidos se encuentra Carlos Maldonado Mendoza, ex secretario de Finanzas, quien de acuerdo con información del registro Nacional de Detenciones, habría sido capturado a su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a las 9:48 horas de este sábado.

Ciudad de México. En la segunda reunión que sostendrán el próximo viernes con la presidenta Claudia Sheinbaum, los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa confían obtener “información importante” que lleve al esclarecimiento del caso y se conozca el paradero de los jóvenes desaparecidos hace más de una década.

Isidoro Vicario, abogado de las familias, señaló lo anterior y externó que esperan que “no sea solamente una reunión más como las que han tenido en administraciones anteriores”, donde quedaron varios pendientes.

Por el contrario, dijo, los padres y madres “tienen la esperanza” de que esta administración tiene voluntad de avanzar en las investigaciones para saber lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre del 2014.

Las familias destacaron la disposición de la mandataria para “reconstruir el diálogo” en un primer encuentro celebrado en diciembre pasado y externaron en que es necesario que se profundicen las líneas de investigación.

Los padres y madres de los 43 normalistas realizaron este miércoles una marcha del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, desde donde Hilda Legideño, madre de Jorge Antonio Tizapa, reiteró que una de sus principales exigencias es que el Ejército entregue los más de 800 folios que tiene en su poder y que, consideran, habría información relevante para dar con el paradero de los estudiantes.

Asimismo recordó que entre sus principales demandas está la extradición de Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, prófugo en Israel.

Como parte de la 125 Acción Global por Ayotzinapa, los familiares acompañados de un grupo de normalistas exigieron verdad y justicia, así como castigo a los responsables de la desaparición de los 43 normalistas.

Durante el mitin en el Hemiciclo a Juárez, Vidulfo Rosales, abogado de las familias, señaló que a 10 años de la desaparición de los jóvenes, sus padres y madres comienzan a sufrir un “deterioro vertiginoso de su salud”, por lo que varios de ellos no pudieron asistir a esta marcha.

A más de una década, insistió, el Estado mexicano “ha sido incapaz” de esclarecer lo que ocurrió con los jóvenes. “Sí tenemos líneas de investigación y más de 100 detenidos; sí hay reuniones con los gobiernos, pero no hay verdad y no hay el paradero de los 43 estudiantes”.

Reconoció que si bien no se sabe si durante este sexenio se resolverá el caso Ayotzinapa, afirmó que el gobierno tiene la responsabilidad “ineludible” de encontrar a los normalistas, sancionar a los responsables y dar verdad a los padres y madres de los 43 estudiantes.

Durante la larga sesión y en ocasiones caótica sesión, Morena aclaró que el delito de terrorismo existe desde hace mucho tiempo en la legislación nacional y ahora lo único que se hace es sumarlo al catálogo de ilícitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Con la modificación a los artículos 19 y 40 de la Carta Magna, explicó el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, no se trata de rechazar la cooperación internacional, ya que México reforzará la colaboración con otras naciones en su lucha contra la delincuencia y el terrorismo. “Colaboración si, subordinación no, es la máxima de lo que podemos llamar ya la doctrina Sheiunbaum”.

Igualmente, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Oscar Cantón Zetina, agregó que no se trata de un simple ajuste normativo, sino de un mensaje claro y contundente en el sentido de que “el pueblo de México ha dicho basta a los tiempos del entreguismo, a la época en que se permitía que actores extranjeros intervinieran en nuestros asuntos internos”.

La reforma, destalló, establece que cualquier persona nacional o foránea que cometa terrorismo, incurra en tráfico ilegal de armas y cometa cualquier acto que atente contra la integridad nacional, se le impondrá la pena más severa.

La iniciativa presidencial se aprobó en lo general por 107 votos a favor y 14 en contra de los priístas. Sin embargo, algunos senadores del PAN, entre ellos el ex dirigente Marko Cortés, provocaron un escándalo al acusar a Morena a estar aliado al narcotráfico, lo que derivo en que la sesión de suspendiera hasta por tres ocasiones.

Al presentar sus posicionamientos, los diputados del PAN y el PRI señalaron que los informes de la ASF no deben quedar en el papel. A nombre de su partido, la panista Amparo Lilia Olivares pidió que las observaciones hechas por la ASF “se traduzcan en acciones concretas”.

Pidió a Colmenares Páramo que “inicie y le dé seguimiento a los procedimientos legales y administrativos conforme al marco jurídico establecido, con el fin de combatir efectivamente las omisiones y los manejos de los recursos que provienen de todos los contribuyentes”.

En tanto, los diputados de Morena, PT y PVEM se posicionaron en respaldo al trabajo de la ASF.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, dio un espaldarazo a Colmenares Páramo. “Nosotros tenemos una buena opinión del trabajo que hasta ahora ha desarrollado esta auditoría que depende del poder legislativo, particularmente de la Cámara de Diputados, y vamos a esforzarnos por intensificar el trabajo y dar todas las herramientas posibles a la auditoría para que cumpla con su objetivo que la constitución y la ley le señalen”, dijo el diputado, cuya intervención en la entrega del informe de la ASF no estaba contemplada en el protocolo.

En esta administración ya suman más de 26 toneladas de ese narcótico asegurado que era transportado por embarcaciones con motores fuera de borda. Asimismo se han incautado 34 embarcaciones, un semisumergible, 80 motores, un aproximado de 60 mil litros de combustible y 150 personas que tripulaban las naves han sido puestas a disposición.

Este aseguramiento fue realizado en inmediaciones de Barra Tonalá, Chiapas, como parte de de “una operación, que a través de información de inteligencia, se detectó y dio seguimiento a dos embarcaciones menores sospechosas, por lo que, con el objetivo de mantener el Estado de derecho en la mar, se efectuó un despliegue marítimo, terrestre y aéreo, que dio como resultado el aseguramiento de citadas embarcaciones con presuntos narcóticos”, informó la Semar.

Luego del aseguramiento, la droga fue traspasada a un buque de la Armada de México, para ser llevada a tierra y puesta a disposición del Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Destacó que la intención del proyecto es que todos los adultos mayores y las personas con discapacidad que son derechohabientes de Programas del Bienestar reciban una vez al mes o, como máximo, una vez cada dos meses, la visita de un médico o persona de enfermería en sus domicilios para brindarles atención básica en salud.

Además que los profesionales de la salud hagan un promedio de diez visitas al día.

“Todos deben recibir visita para conocer su estado de salud”, señaló la mandataria federal en la mañanera de este jueves en Palacio Nacional.

El programa contempla que 22 mil 500 profesionales de la salud se sumen al proyecto para realizar las visitas a las personas a quienes está dirigido.

La jefa del Ejecutivo informó que las primeras visitas iniciaron en febrero, y entre este mes y el próximo veremos si son suficientes médicos y trabajadores de salud en este programa, y si no, lo ampliaríamos”.

Agregó: “Vamos a estar midiendo cuánto tiempo pasan para estas visitas. El objetivo promedio es que visiten diez hogares al día. Que ahí tomen signos vitales, hagan una entrevista, envíen los datos a la Secretaría de Salud, a partir de una base de datos que se está construyendo, y brinden el apoyo por si requieren algún tipo de medicamento”.

La presidenta comentó que todos los adultos mayores y las personas con discapacidad deberán ser revisados por el personal de salud y, en caso de que se detecten problemas como presión alta, diabetes u otros, se les comentará que deben estar en contacto con su centro de salud.

Asimismo, agregó que este mismo año se iniciará la instalación de las Farmacias del Bienestar, para distribuir de manera gratuita los medicamentos, sin necesidad de ir a los centros de salud, a los derechohabientes de programas sociales.

“No queremos ningún corrupto, ninguna corrupta, no queremos corruptos en los gobiernos de la Cuarta Transformación. Queremos que el recurso que es del pueblo se le regrese al pueblo”, afirmó Sheinbaum ante cientos de habitantes de la región que se reunieron en la Unidad Deportiva de San Marcos para la entrega de tarjetas de la pensión de Mujeres Bienestar.

La presidenta destacó que la filosofía de su administración se basa en el “humanismo mexicano”, un concepto que, señaló, pone en el centro de las políticas públicas a las personas más vulnerables. “Por el bien de todos, primero los pobres”, expresó, retomando una de las máximas del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Acompañada por la gobernadora Evelyn Salgado y funcionarios federales, Sheinbaum enumeró los logros alcanzados desde 2018, como la pensión universal para adultos mayores, los apoyos para personas con discapacidad, las becas para estudiantes de preparatoria pública y programas como Sembrando Vida y la entrega gratuita de fertilizantes a pequeños productores.

“¿Cuándo se había visto antes un gobierno que quisiera a su pueblo? ¿Verdad que no? Cambiaron las cosas en el 2018. Por eso, continuidad quiere decir amor al pueblo, quiere decir seguir gobernando por el bien de todos, primero los pobres”, expresó.

La presidenta también enfatizó que estos programas no implicaron un aumento de impuestos ni un endeudamiento grave del país. “¿De dónde salió el recurso para todos los programas? De los impuestos del pueblo. ¿Qué pasaba con eso? Se lo robaban y ahora se le regresa al pueblo de México”, concluyó.

Agregó que a la fecha un millón de mujeres de entre 63 y 64 años de edad están inscritas para recibir la pensión Mujeres Bienestar y que a la fecha se han hecho los pagos a las primeras 300 mil.

REDACCIÓN, AGENCIAS

De acuerdo con una investigación del diario Reforma, dirigida por el reportero Benito Jiménez, Bermúdez Requena contaría con nexos con el grupo criminal “La Barredora”.

Tabasco padece en los últimos años una escalada delincuencial en medio de señalamientos en contra de sus Gobernadores y principales funcionarios de seguridad pública por permitir las operaciones de criminales.

El actual gobernador de Tabasco, Javier May, culpabilizó en noviembre al exsecretario de Seguridad de tener nexos criminales y aseguró que no habría impunidad.

“Creo que quienes estuvieron antes que nosotros tendrán que explicar todo esto. Todos saben, aquí era vox populi quién comandaba ‘La Barredora’’ ¿O no sabemos?”, declaró May entonces.

Dicho grupo criminal es señalado por tráfico de droga, migrantes, personas, control y abasto en antros y bares, además de aliarse al Cártel Jalisco Nueva Generación.

La indagación indica que en diciembre de 2023 hubo una ruptura entre estos integrantes de “La Barredora”, lo que provocó meses después que, incluso, un grupo de sicarios intentara asesinar a Bermúdez Requena en el desarrollo habitacional El Campestre, una de las zonas residenciales de la capital estatal.

Balaceras, bloqueos y quemas de vehículos fueron vistos en Tabasco, principalmente en su capital, Villahermosa. Y en enero de 2024, Bermúdez Requena renunció al cargo.

Ante la continuidad actual de la violencia en Tabasco, el Ejército Mexicano desplegó 2 mil 500 soldados para reforzar la seguridad. 

INVOLUCRADO

Durante la tarde del 5 de enero, el Gobierno de Tabasco confirmó la renuncia de Hernán Bermúdez Requena como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal.

La dimisión del ahora exfuncionario ocurrió en medio de una ola de violencia en distintos puntos de la entidad, principalmente en Villahermosa, en donde se perpetraron múltiples robos a comercios a lo largo del 4 de enero.

Bermúdez Requena encabezaba la dependencia de seguridad desde diciembre de 2019, cuando el gobernador era Adán Augusto López Hernández. Fue la tercera persona en ocupar el cargo en menos de un año tras las renuncias de Jorge Aguirre Carbajal y Ángel Mario Balcázar Martínez.

Cuando Bermúdez asumió el cargo, López Hernández dijo que su perfil era el ideal para dirigir la SSPC. Para ese entonces, Requena ya estaba en la mira del Centro Regional de Fusión e Inteligencia Sureste (Cerfise) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por sus aparentes nexos con el crimen organizado.

Documentos hackeados a los servidores del Ejército consultados por Proceso y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) expusieron que para noviembre de 2019 ya había sido identificada la supuesta relación entre Requena y un jefe criminal de la región: Trinidad Alberto De la Cruz Miranda, alias ‘El Pelón de Playas’, capturado el 30 de diciembre de 2019.

Además, otro informe de inteligencia con fecha de 25 de febrero de 2021 señala a Bermúdez Requena, alias ‘Comandante H’, como el responsable de negociar la liberación de tres presuntos criminales a cambio de 500 mil pesos.

Los detenidos eran hombres cercanos a Benjamín Mollinedo Montiel, alias ‘Pantera’, quien para ese año ya era ubicado como líder de La Barredora, una célula criminal ligada al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En los reportes que revelan la estructura de esta organización delictiva, la Sedena incluyó a Bermúdez Requena como uno de los funcionarios con vínculos directos con ‘Pantera’ —detenido en septiembre de 2021— y como el responsable de autorizar que este cabecilla criminal tomara el control de las plazas de Huimanguillo y Cárdenas desde diciembre de 2020.

Tras la publicación de los documentos, Requena fue entrevistado por MCCI y aseguró que no existía ningún grupo delincuencial con el nombre de ‘La Barredora’.

“Nosotros no podemos ni proteger, y bueno, cómo vamos a proteger algo que no se tiene la prueba de la existencia […] yo no tengo conocimiento de la existencia [de La Barredora]”, fueron algunas de las declaraciones del exfuncionario.

Tras su renuncia, el actual gobernador Carlos Manuel Merino Campos ordenó que el puesto fuera ocupado, al menos de forma provisional, por José del Carmen Castillo Ramírez, quien hasta el 5 de enero era el comisionado de la Policía Estatal.

Conviene destacar que Castillo Ramírez también fue incluido en los reportes de la Sedena como uno de los funcionarios de seguridad con nexos directos con jefes de alto rango de La Barredora. En los archivos de inteligencia militar se identifica al recién nombrado secretario con el alias de ‘La Rana’.

Gobernadores y la polémica sobre seguridad en Tabasco

Desde 2018, Tabasco ha sido liderado por tres mandatarios: Adán Augusto López Hernández, Carlos Merino y, desde septiembre de 2024, Javier May. Durante su gestión, López Hernández nombró a Hernán Bermúdez Requena como titular de Seguridad Pública estatal, una decisión que fue objeto de críticas debido a los presuntos vínculos del funcionario con “La Barredora”, un grupo criminal que evolucionó de ser un “cártel policiaco” a un aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En noviembre de 2024, Javier May responsabilizó públicamente a Bermúdez Requena por presuntos nexos criminales.

Nosotros nunca vamos a pactar con la delincuencia organizada. Va a haber cero impunidad. Entonces, creo que quienes estuvieron antes que nosotros tendrán que explicar todo esto”, afirmó May en conferencia de prensa.

¿Quiénes integran “La Barredora”?

“La Barredora”, conocida anteriormente como “La Hermandad”, ha operado en Tabasco como un cártel integrado principalmente por elementos policiales. Sus actividades incluyen tráfico de migrantes, drogas, trata de personas y control de antros y bares.

En 2022, un informe de inteligencia militar filtrado por Guacamaya Leaks vinculó a Bermúdez Requena y otros funcionarios estatales con este grupo delictivo.

Entre los señalados destacan:

• José del Carmen Castillo, ex comisionado de la Policía Estatal.
• Leonardo Arturo Leyva, ex director de la Policía Estatal.
• Ulises Pinto Madera, alias “El Mamao”, ex policía federal.

El informe también menciona que Bermúdez Requena, conocido como “Comandante H”, habría permitido que un líder criminal apodado “Pantera” tomara control de regiones clave como Huimanguillo y Cárdenas.

Violencia y cambio en la estrategia de seguridad

En diciembre de 2023, una ruptura interna entre los integrantes de “La Barredora” derivó en un intento de asesinato contra Bermúdez Requena en Villahermosa. Posteriormente, en enero de 2024, tras semanas de narcobloqueos, balaceras y quemas de vehículos en la entidad, Bermúdez Requena renunció a su cargo y fue reemplazado por el militar Víctor Hugo Chávez Martínez.

Aunque Chávez Martínez fue ratificado en septiembre de 2024 por el gobernador May, enfrenta acusaciones similares a las de sus predecesores, incluyendo presunta protección al CJNG junto con el fiscal estatal, José Barajas Mejía.

Refuerzo militar en Tabasco

Ante el clima de violencia, el Ejército mexicano desplegó ayer, miércoles 15 de enero, un operativo especial en Tabasco con la participación de 2 mil 500 efectivos, esperando contener las actividades del crimen organizado y restaurar la seguridad en la entidad.