Cosoleacaque, Ver.- Cuatro años y medio después de una de las agresiones más brutales que cimbró al sur de Veracruz, la justicia alcanzó a los implicados en el doble feminicidio de la exalcaldesa Gladys Merlín Castro y su hija Carla Enríquez Merlín. Un tribunal emitió condenas que van de los 45 a los 55 años de prisión contra cinco personas, entre ellas integrantes de su propio círculo de seguridad.

Isabel “N”, Víctor “N”, Marcos de Jesús “N” y Marco Antonio “N” recibieron una sentencia de 55 años de cárcel tras ser hallados culpables del delito de feminicidio. En tanto, Luis Alberto “N” fue sentenciado a 45 años por homicidio doloso calificado. Además, se les suspendieron sus derechos políticos y civiles.

El crimen ocurrió la madrugada del 15 de febrero de 2021 en la vivienda de la familia, situada en la calle Correos del Barrio Primero. Las víctimas fueron sorprendidas dentro de su propio hogar, escenario de un ataque que dejó huella en la memoria colectiva y expuso con crudeza la vulnerabilidad de las mujeres, incluso aquellas con posiciones de poder político.

Gladys Merlín había sido alcaldesa y diputada local, mientras que su hija Carla empezaba a figurar en la vida pública. Su asesinato generó indignación nacional y marcó un punto de quiebre en la percepción de inseguridad en la región.

Aunque el móvil no fue detallado por la Fiscalía General del Estado, las pesquisas confirmaron un lazo cercano entre víctimas y agresores: dos de los condenados, padre e hijo, tenían funciones de escolta de Carla; otros dos formaban parte del equipo de seguridad familiar. Las investigaciones señalan que el ataque surgió de un intento de robo que terminó en una ejecución violenta.

Con la resolución del juicio oral 53/2024, la justicia da un paso en un caso que permanecía como herida abierta en la sociedad veracruzana. Sin embargo, el silencio sobre las motivaciones reales detrás del crimen sigue alimentando dudas y reclamos.

Coatzacoalcos, Ver. – La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, rechazó que existan guardias comunitarias armadas en Oteapan, pese a que medios de comunicación han documentado patrullajes ciudadanos con armas largas y cortas en este municipio del sur del estado.

Durante su visita a la clínica 36 del IMSS en Coatzacoalcos, acompañada por el director general del instituto, Zoé Robledo, la mandataria respondió con evasivas al ser cuestionada sobre el tema.

“No, no, no… nada de eso”

Nahle aseguró que recientemente recorrió la zona serrana de Tatahuicapan y que en esos recorridos no constató la presencia de grupos armados.
“No, no, no, acabo de estar en Tatahuicapan con todos, con todos, nada de eso”, dijo al intentar evadir la pregunta de este medio, cerrando el tema con una negativa tajante.

“La verdad no hubo de otra”

Sin embargo, el pasado lunes 8 de septiembre, reporteros recorrieron junto a pobladores las calles de Oteapan, donde constató la presencia de al menos 60 hombres y mujeres armados que se autodenominan policías comunitarios.

Vestidos de negro, encapuchados y con radios de comunicación, los habitantes realizan retenes, rondines en motocicletas y vigilancia nocturna en barrios identificados como focos rojos.

“La verdad no hubo de otra, la misma ciudadanía tomó esa decisión y no nada más nosotros, en los barrios hay compañeros que también tienen armas. Es ilegal, pero no lo vemos ilegal porque es para defendernos”, explicó uno de los líderes comunitarios.

“Si las autoridades no pueden, lo haremos nosotros”

Los vecinos aseguran que se armaron ante la ola de robos, extorsiones y privaciones de la libertad, delitos que han recrudecido en las últimas semanas.

Oteapan tiene apenas 22 policías municipales certificados y tres patrullas para una población de más de 30 mil habitantes, una cifra insuficiente frente a la inseguridad que enfrentan. La presencia de la Guardia Nacional se limitó a unas horas el pasado martes, frente a la base de la policía local, y después se retiró.

El alcalde Jairo César pidió a la ciudadanía no enfrentar violencia con más violencia, pero los hechos muestran que los vecinos ya asumieron el control de la seguridad, enviando un mensaje contundente: “delincuente que se agarre, delincuente que no la va a pasar bien”.

Por : Jorge Caba
Rodeada de sus familiares cercanos ,amigos y amistades celebró 60 años de vida la Sra. Dominga Toledo al estilo istmeño.
En conocido salón de la ciudad se llevó a cabo una majestuosa fiesta en su honor con música en vivo , antojitos típicos del istmo y los inolvidables recuerdos.
La cumpleañera muy contenta convivió y compartió con sus invitados gratis momentos en ese inolvidable día para ella.

Ciudad de México. El gobierno mexicano va por aranceles para proteger algunas de sus industrias más importantes, entre ellas la automotriz y la manufacturera. El objetivo es cuidar la producción nacional, acompañar el Plan México que tiene a su cargo la Secretaría de Economía y reducir el déficit comercial, explicó el subsecretario de Ingresos, Carlos Lerma Cotera.

Con este objetivo, en los próximos días la Secretaría de Hacienda y Crédito Público enviará al Congreso la propuesta con las modificaciones para alrededor de mil 400 fracciones arancelarias, abundó el funcionario.

“Los aranceles hay que verlos dentro de la lógica integral del Plan México”, cuyo objetivo es fortalecer la industria nacional, explicó en conferencia de prensa el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora. “Es una política de Estado (…) es mucho más integral”, enfatizó.

“No ignoramos, por supuesto, que esta estrategia y estas medidas en materia de política arancelaria se inscriben dentro de la discusión y las futuras conversaciones comerciales con nuestros socios de América del Norte (Estados Unidos y Canadá) y seguramente forman parte del entorno, pero la motivación primaria es la estrategia del del Plan México, la estrategia de fortalecer la producción, el consumo doméstico”.

El subsecretario de Ingresos, Lerma Cotera, detalló que el objetivo es reducir el déficit comercial en algunas mercancías, sobre todo en aquellas donde esta brecha entre lo que se compra y se vende al extranjero por lo menos se duplicó en el último año. Pero también se prevé que estas medidas tengan un impacto recaudatorio de alrededor de 70 mil millones de pesos adicionales.

Causa del retraso en la entrega del paquete

El titular de Hacienda reconoció que este punto en particular, calibrar tasas y tarifas para la política de aranceles a presentar, fue la razón de por qué se retrasó la entrega del paquete económico al Congreso, que originalmente estaba prevista a las 5 de la tarde, una noche antes fue pasada a la 6, para terminar entregándose a las 10:30, al filo del plazo final.

Amador Zamora explicó que el objetivo es imponer cuotas a aquellos países con los que no hay reglas bilaterales claras. Para ello se tuvieron que revisar las reglas de la Organización Mundial de Comercio y los parámetros de la nación más favorecida.

“El volumen de documentos e información que tuvimos que analizar, dado que nunca había ocurrido, fue básicamente uno de los factores que condujo a que solicitáramos de manera muy atenta a las coordinaciones del Congreso un poquito más de tiempo”. Se tuvo que “revisar más de lo que estábamos acostumbrados”, explicó Amador Zamora.

Detalló que fue un trabajo puntilloso entre la Secretaría de Hacienda, la de Economía y Cancillería para calibrar la política arancelaria, verificar aquellos sectores para los cuales no se tienen sustitutos nacionales y donde hay mayor elasticidad para hacer el reemplazo con producción nacional. También se puso atención a qué productos podían impactar más la inflación.

Amador Zamora reconoció que esta política arancelaria podría tener impactos de una sola vez en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. “No vemos que se tengan efectos permanentes y no superan las dos, tres décimas”.

Ciudad de México. El gobierno mexicano va por aranceles para proteger algunas de sus industrias más importantes, entre ellas la automotriz y la manufacturera. El objetivo es cuidar la producción nacional, acompañar el Plan México que tiene a su cargo la Secretaría de Economía y reducir el déficit comercial, explicó el subsecretario de Ingresos, Carlos Lerma Cotera.

Con este objetivo, en los próximos días la Secretaría de Hacienda y Crédito Público enviará al Congreso la propuesta con las modificaciones para alrededor de mil 400 fracciones arancelarias, abundó el funcionario.

“Los aranceles hay que verlos dentro de la lógica integral del Plan México”, cuyo objetivo es fortalecer la industria nacional, explicó en conferencia de prensa el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora. “Es una política de Estado (…) es mucho más integral”, enfatizó.

“No ignoramos, por supuesto, que esta estrategia y estas medidas en materia de política arancelaria se inscriben dentro de la discusión y las futuras conversaciones comerciales con nuestros socios de América del Norte (Estados Unidos y Canadá) y seguramente forman parte del entorno, pero la motivación primaria es la estrategia del del Plan México, la estrategia de fortalecer la producción, el consumo doméstico”.

El subsecretario de Ingresos, Lerma Cotera, detalló que el objetivo es reducir el déficit comercial en algunas mercancías, sobre todo en aquellas donde esta brecha entre lo que se compra y se vende al extranjero por lo menos se duplicó en el último año. Pero también se prevé que estas medidas tengan un impacto recaudatorio de alrededor de 70 mil millones de pesos adicionales.

Causa del retraso en la entrega del paquete

El titular de Hacienda reconoció que este punto en particular, calibrar tasas y tarifas para la política de aranceles a presentar, fue la razón de por qué se retrasó la entrega del paquete económico al Congreso, que originalmente estaba prevista a las 5 de la tarde, una noche antes fue pasada a la 6, para terminar entregándose a las 10:30, al filo del plazo final.

Amador Zamora explicó que el objetivo es imponer cuotas a aquellos países con los que no hay reglas bilaterales claras. Para ello se tuvieron que revisar las reglas de la Organización Mundial de Comercio y los parámetros de la nación más favorecida.

“El volumen de documentos e información que tuvimos que analizar, dado que nunca había ocurrido, fue básicamente uno de los factores que condujo a que solicitáramos de manera muy atenta a las coordinaciones del Congreso un poquito más de tiempo”. Se tuvo que “revisar más de lo que estábamos acostumbrados”, explicó Amador Zamora.

Detalló que fue un trabajo puntilloso entre la Secretaría de Hacienda, la de Economía y Cancillería para calibrar la política arancelaria, verificar aquellos sectores para los cuales no se tienen sustitutos nacionales y donde hay mayor elasticidad para hacer el reemplazo con producción nacional. También se puso atención a qué productos podían impactar más la inflación.

Amador Zamora reconoció que esta política arancelaria podría tener impactos de una sola vez en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. “No vemos que se tengan efectos permanentes y no superan las dos, tres décimas”.

Luego de casi cuatro horas de debate, en el cual todos los grupos parlamentarios manifestaron su apoyo a la iniciativa enviada al Congreso por la presidenta, Claudia Sheinbaum en julio pasado, el dictamen fue aprobado de manera unánime por 474 votos en favor, por lo que se enviará al Senado para continuar con su trámite legislativo.

Al fundamentar la enmienda al artículo 73, inciso A, fracción 21, el morenista, Leonel Godoy, resaltó que la extorsión es el delito que más ha crecido en el país, ya que en 2018 había un promedio diario de 19 casos, mientras que en enero de este año ese índice aumentó a 29, lo que implica un alza de 58 por ciento en sólo seis años.

Luego de señalar que este crimen tiene dos modalidades básicas, que son el llamado cobro de piso de manera presencial y las llamadas telefónicas con engaños y amenazas –muchas de ellas hechas realizadas desde centros penitenciarios–, el legislador destacó que la extorsión afecta tanto a la economía de las personas como a su salud mental y tranquilidad, por lo que “no es un delito menor”.

Para combatir este ilícito, que también afecta a negocios y gobiernos municipales pequeños, en particular, la iniciativa presidencial busca incentivar la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno; perseguir el delito de oficio, sin necesidad de denuncia de la víctima, y homologar las penas de cárcel a nivel nacional, las cuales hoy son muy dispares en cada entidad federativa.

Durante los posicionamientos de las diferentes bancadas, la petista, Marycarmen Bernal, alertó que la extorsión se ha convertido en un “impuesto criminal que paraliza la economía y debilita el tejido social”, pues tan sólo entre enero y junio de este año, se documentaron 6 mil 880 víctimas, la cifra más alta en seis años.

Asimismo, apuntó que este ilícito le cuesta a la sociedad un promedio de más de 26 mil millones de pesos al año, con 71 millones de pesos diarios que alimentan a las organizaciones delincuenciales que lo cometen.

Por su parte, Laura Hernández (MC), añadió que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública, en 2024 se cometieron 4.9 millones de casos de extorsión, lo que significa una tasa de 5 mil 213 por cada 100 mil habitantes. En 85.6 por ciento de estos episodios la extorsión fue telefónica y en 12.9 por ciento, la víctima accedió a pagar.

Aunque todos los grupos parlamentarios manifestaron su apoyo a la reforma, también se advirtió que la aprobación de la Ley General contra la Extorsión debe ocurrir a la brevedad, así como dotar a la norma de presupuesto y herramientas suficientes para su implementación adecuada.

“Nuestra preocupación es que el proyecto se quede solamente con una reforma simbólica y no una esperanza normativa, que no aterrice en cambios reales. Respaldamos la reforma, pero también advertimos al oficialismo: no podemos quedarnos en el discurso ni en una ley parcial; la Ley General de Extorsión debe ser clara, operativa y con presupuesto”, recalcó el priísta, César Alejandro Domínguez.

Por su parte, Anya Gómez Cárdenas (PAN), hizo ver que la extorsión –delito que se concentra en 71 por ciento de los casos en los estados de México, Veracruz y Nuevo León—debe combatirse con los fondos suficientes. 

En ese marco, recordó que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2026 habría una reducción de más de 10 mil millones de pesos en el área de seguridad, por lo que llamó a los diputados de mayoría a “darle reversa a eso. Están a tiempo de hacerlo, porque es ahora cuando más se necesita invertir en los cuerpos policiacos”.

El también panista, Héctor Saúl Téllez, saludó que la Presidencia haya retomado una iniciativa que reivindicó como suya, al tiempo que destacó que la extorsión ha crecido de forma particular durante los gobiernos federales de extracción morenista, ya que el promedio anual de carpetas subió en la actualidad a 9 mil 407, un alza de 75 por ciento en comparación del sexenio anterior.

Ciudad de México. En tanto continúan las investigaciones sobre la red de huachicol fiscal, incluso a nivel interno en la Secretaría de Marina, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que esta madrugada fueron vinculados a proceso 14 detenidos por el caso.

A su vez, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, precisó que ni el ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo ni el ex senador Gerardo Novelo cuentan con orden de aprehensión.

Además, manifestó que el caso no tiene relación con el asesinato del delegado de la FGR en Tamaulipas. Son investigaciones que se llevan aparte.

En la mañanera del pueblo, el secretario de Marina, Raymundo Morales, explicó que la institución a su cargo mantiene controles y medidas de confianza para “evitar que la corrupción se incruste. El objetivo es cero tolerancia y vamos a continuar”.

Dijo que continúa la investigación, pero por el momento no puede señalar si hay más elementos involucrados, pero “estamos colaborando con la FGR”.

Los funcionarios resaltaron que las investigaciones las inició la FGR, tras la petición que en 2024 le hizo ex secretario de Marina Rafael Ojeda, por una serie de denuncias sobre problemas de corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

“Inmediatamente, la FGR no solamente abrió las investigaciones sino que las puso bajo control judicial. Es decir, a partir de ese momento todas las diligencias que se hicieron en esos temas fueron para control judicial”, expuso el fiscal.

Por el tipo de delitos, se dio vista a la Unidad de Inteligencia Financiera, al Servicio de Administración Tributaria y a la Secretaría de Hacienda “y se empezó a armar toda una investigación de ese tipo de delitos, y va a seguir adelante y ha seguido”.

Relató que coincidentemente en marzo “se llevaron a cabo dos acciones en las que estuvo fundamentalmente la Secretaría de Seguridad y la fiscalía, tanto en Ensenada como en Altamira, donde se encontraron depósitos enormes de combustible que no habían sido declarados”.

Y cuando “juntamos toda la información se dio el vínculo, y nosotros de inmediato fuimos ante los jueces y les pedimos las órdenes de aprehensión”.

Precisó que “todas esas personas, salvo dos que estaban fuera del país, están detenidos y hoy en la madrugada nos dieron la vinculación a proceso de todos ellos”.

-¿Los catorce?

-Sí, señor.

Todas esas personas, salvo dos que estaban fuera del país, están detenidos y hoy en la madrugada nos dieron la vinculación a proceso de todos ellos”.