Redacción | La Opinión

Coatzacoalcos, Ver.– Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, elementos de la Guardia Nacional, Sedena, Semar, Secretaría de Seguridad Pública y la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión detuvieron en flagrancia a Evelio “N” y Gael Steven “N”, señalados como probables responsables del delito de extorsión en Coatzacoalcos.

La detención ocurrió sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho, en la colonia Centro, durante un recorrido preventivo. Los sujetos se encontraban en un vehículo estacionado de manera irregular que obstruía la vialidad. Al percatarse de la presencia policial, cambiaron de automóvil, lo que alertó a los uniformados.

La víctima, cuya identidad se mantiene resguardada, declaró que ambos sujetos le exigieron dinero bajo la amenaza de “pagar piso”. Durante la intervención se aseguraron un vehículo, armas de fuego y otros objetos vinculados con el ilícito. Los detenidos fueron puestos a disposición del Fiscal Especializado Contra el Secuestro y la Extorsión, quien determinará su situación jurídica en audiencia inicial.

Autoridades destacaron que esta acción refleja los resultados de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, implementada por el Gobierno de México para inhibir delitos que afectan a comerciantes, empresarios e industriales de Coatzacoalcos.

Evelio “N” cuenta con antecedentes por diversos delitos en el sur de Veracruz. El 14 de octubre de 2022 apareció en una ficha de objetivos de la Sedena por su presunta participación en extorsión, tráfico de migrantes y otros delitos en los municipios de Cosoleacaque, Jáltipan, Zaragoza, Acayucan y Las Choapas.

Además, había evadido previamente dos operativos de la Guardia Nacional en Zaragoza. El 30 de marzo de 2023, un operativo conjunto de Sedena, Semar y Guardia Nacional en Zaragoza y la congregación de Coacotla buscaba capturarlo junto con otros líderes de células delictivas. En ese operativo se detuvieron a dos personas que portaban un arma de fuego y se rescataron migrantes que habían sido secuestrados.

Con la detención de Evelio en Coatzacoalcos, las autoridades federales y estatales esperan desarticular redes de extorsión que operan en la región, reforzando la seguridad en los municipios del sur de Veracruz.

Por : Jorge Caba
Rodeada de sus familiares cercanos ,amigos y amistades celebró 60 años de vida la Sra. Dominga Toledo al estilo istmeño.
En conocido salón de la ciudad se llevó a cabo una majestuosa fiesta en su honor con música en vivo , antojitos típicos del istmo y los inolvidables recuerdos.
La cumpleañera muy contenta convivió y compartió con sus invitados gratis momentos en ese inolvidable día para ella.

Ciudad de México. El gobierno mexicano va por aranceles para proteger algunas de sus industrias más importantes, entre ellas la automotriz y la manufacturera. El objetivo es cuidar la producción nacional, acompañar el Plan México que tiene a su cargo la Secretaría de Economía y reducir el déficit comercial, explicó el subsecretario de Ingresos, Carlos Lerma Cotera.

Con este objetivo, en los próximos días la Secretaría de Hacienda y Crédito Público enviará al Congreso la propuesta con las modificaciones para alrededor de mil 400 fracciones arancelarias, abundó el funcionario.

“Los aranceles hay que verlos dentro de la lógica integral del Plan México”, cuyo objetivo es fortalecer la industria nacional, explicó en conferencia de prensa el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora. “Es una política de Estado (…) es mucho más integral”, enfatizó.

“No ignoramos, por supuesto, que esta estrategia y estas medidas en materia de política arancelaria se inscriben dentro de la discusión y las futuras conversaciones comerciales con nuestros socios de América del Norte (Estados Unidos y Canadá) y seguramente forman parte del entorno, pero la motivación primaria es la estrategia del del Plan México, la estrategia de fortalecer la producción, el consumo doméstico”.

El subsecretario de Ingresos, Lerma Cotera, detalló que el objetivo es reducir el déficit comercial en algunas mercancías, sobre todo en aquellas donde esta brecha entre lo que se compra y se vende al extranjero por lo menos se duplicó en el último año. Pero también se prevé que estas medidas tengan un impacto recaudatorio de alrededor de 70 mil millones de pesos adicionales.

Causa del retraso en la entrega del paquete

El titular de Hacienda reconoció que este punto en particular, calibrar tasas y tarifas para la política de aranceles a presentar, fue la razón de por qué se retrasó la entrega del paquete económico al Congreso, que originalmente estaba prevista a las 5 de la tarde, una noche antes fue pasada a la 6, para terminar entregándose a las 10:30, al filo del plazo final.

Amador Zamora explicó que el objetivo es imponer cuotas a aquellos países con los que no hay reglas bilaterales claras. Para ello se tuvieron que revisar las reglas de la Organización Mundial de Comercio y los parámetros de la nación más favorecida.

“El volumen de documentos e información que tuvimos que analizar, dado que nunca había ocurrido, fue básicamente uno de los factores que condujo a que solicitáramos de manera muy atenta a las coordinaciones del Congreso un poquito más de tiempo”. Se tuvo que “revisar más de lo que estábamos acostumbrados”, explicó Amador Zamora.

Detalló que fue un trabajo puntilloso entre la Secretaría de Hacienda, la de Economía y Cancillería para calibrar la política arancelaria, verificar aquellos sectores para los cuales no se tienen sustitutos nacionales y donde hay mayor elasticidad para hacer el reemplazo con producción nacional. También se puso atención a qué productos podían impactar más la inflación.

Amador Zamora reconoció que esta política arancelaria podría tener impactos de una sola vez en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. “No vemos que se tengan efectos permanentes y no superan las dos, tres décimas”.

Ciudad de México. El gobierno mexicano va por aranceles para proteger algunas de sus industrias más importantes, entre ellas la automotriz y la manufacturera. El objetivo es cuidar la producción nacional, acompañar el Plan México que tiene a su cargo la Secretaría de Economía y reducir el déficit comercial, explicó el subsecretario de Ingresos, Carlos Lerma Cotera.

Con este objetivo, en los próximos días la Secretaría de Hacienda y Crédito Público enviará al Congreso la propuesta con las modificaciones para alrededor de mil 400 fracciones arancelarias, abundó el funcionario.

“Los aranceles hay que verlos dentro de la lógica integral del Plan México”, cuyo objetivo es fortalecer la industria nacional, explicó en conferencia de prensa el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora. “Es una política de Estado (…) es mucho más integral”, enfatizó.

“No ignoramos, por supuesto, que esta estrategia y estas medidas en materia de política arancelaria se inscriben dentro de la discusión y las futuras conversaciones comerciales con nuestros socios de América del Norte (Estados Unidos y Canadá) y seguramente forman parte del entorno, pero la motivación primaria es la estrategia del del Plan México, la estrategia de fortalecer la producción, el consumo doméstico”.

El subsecretario de Ingresos, Lerma Cotera, detalló que el objetivo es reducir el déficit comercial en algunas mercancías, sobre todo en aquellas donde esta brecha entre lo que se compra y se vende al extranjero por lo menos se duplicó en el último año. Pero también se prevé que estas medidas tengan un impacto recaudatorio de alrededor de 70 mil millones de pesos adicionales.

Causa del retraso en la entrega del paquete

El titular de Hacienda reconoció que este punto en particular, calibrar tasas y tarifas para la política de aranceles a presentar, fue la razón de por qué se retrasó la entrega del paquete económico al Congreso, que originalmente estaba prevista a las 5 de la tarde, una noche antes fue pasada a la 6, para terminar entregándose a las 10:30, al filo del plazo final.

Amador Zamora explicó que el objetivo es imponer cuotas a aquellos países con los que no hay reglas bilaterales claras. Para ello se tuvieron que revisar las reglas de la Organización Mundial de Comercio y los parámetros de la nación más favorecida.

“El volumen de documentos e información que tuvimos que analizar, dado que nunca había ocurrido, fue básicamente uno de los factores que condujo a que solicitáramos de manera muy atenta a las coordinaciones del Congreso un poquito más de tiempo”. Se tuvo que “revisar más de lo que estábamos acostumbrados”, explicó Amador Zamora.

Detalló que fue un trabajo puntilloso entre la Secretaría de Hacienda, la de Economía y Cancillería para calibrar la política arancelaria, verificar aquellos sectores para los cuales no se tienen sustitutos nacionales y donde hay mayor elasticidad para hacer el reemplazo con producción nacional. También se puso atención a qué productos podían impactar más la inflación.

Amador Zamora reconoció que esta política arancelaria podría tener impactos de una sola vez en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. “No vemos que se tengan efectos permanentes y no superan las dos, tres décimas”.

Luego de casi cuatro horas de debate, en el cual todos los grupos parlamentarios manifestaron su apoyo a la iniciativa enviada al Congreso por la presidenta, Claudia Sheinbaum en julio pasado, el dictamen fue aprobado de manera unánime por 474 votos en favor, por lo que se enviará al Senado para continuar con su trámite legislativo.

Al fundamentar la enmienda al artículo 73, inciso A, fracción 21, el morenista, Leonel Godoy, resaltó que la extorsión es el delito que más ha crecido en el país, ya que en 2018 había un promedio diario de 19 casos, mientras que en enero de este año ese índice aumentó a 29, lo que implica un alza de 58 por ciento en sólo seis años.

Luego de señalar que este crimen tiene dos modalidades básicas, que son el llamado cobro de piso de manera presencial y las llamadas telefónicas con engaños y amenazas –muchas de ellas hechas realizadas desde centros penitenciarios–, el legislador destacó que la extorsión afecta tanto a la economía de las personas como a su salud mental y tranquilidad, por lo que “no es un delito menor”.

Para combatir este ilícito, que también afecta a negocios y gobiernos municipales pequeños, en particular, la iniciativa presidencial busca incentivar la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno; perseguir el delito de oficio, sin necesidad de denuncia de la víctima, y homologar las penas de cárcel a nivel nacional, las cuales hoy son muy dispares en cada entidad federativa.

Durante los posicionamientos de las diferentes bancadas, la petista, Marycarmen Bernal, alertó que la extorsión se ha convertido en un “impuesto criminal que paraliza la economía y debilita el tejido social”, pues tan sólo entre enero y junio de este año, se documentaron 6 mil 880 víctimas, la cifra más alta en seis años.

Asimismo, apuntó que este ilícito le cuesta a la sociedad un promedio de más de 26 mil millones de pesos al año, con 71 millones de pesos diarios que alimentan a las organizaciones delincuenciales que lo cometen.

Por su parte, Laura Hernández (MC), añadió que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública, en 2024 se cometieron 4.9 millones de casos de extorsión, lo que significa una tasa de 5 mil 213 por cada 100 mil habitantes. En 85.6 por ciento de estos episodios la extorsión fue telefónica y en 12.9 por ciento, la víctima accedió a pagar.

Aunque todos los grupos parlamentarios manifestaron su apoyo a la reforma, también se advirtió que la aprobación de la Ley General contra la Extorsión debe ocurrir a la brevedad, así como dotar a la norma de presupuesto y herramientas suficientes para su implementación adecuada.

“Nuestra preocupación es que el proyecto se quede solamente con una reforma simbólica y no una esperanza normativa, que no aterrice en cambios reales. Respaldamos la reforma, pero también advertimos al oficialismo: no podemos quedarnos en el discurso ni en una ley parcial; la Ley General de Extorsión debe ser clara, operativa y con presupuesto”, recalcó el priísta, César Alejandro Domínguez.

Por su parte, Anya Gómez Cárdenas (PAN), hizo ver que la extorsión –delito que se concentra en 71 por ciento de los casos en los estados de México, Veracruz y Nuevo León—debe combatirse con los fondos suficientes. 

En ese marco, recordó que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2026 habría una reducción de más de 10 mil millones de pesos en el área de seguridad, por lo que llamó a los diputados de mayoría a “darle reversa a eso. Están a tiempo de hacerlo, porque es ahora cuando más se necesita invertir en los cuerpos policiacos”.

El también panista, Héctor Saúl Téllez, saludó que la Presidencia haya retomado una iniciativa que reivindicó como suya, al tiempo que destacó que la extorsión ha crecido de forma particular durante los gobiernos federales de extracción morenista, ya que el promedio anual de carpetas subió en la actualidad a 9 mil 407, un alza de 75 por ciento en comparación del sexenio anterior.

Ciudad de México. En tanto continúan las investigaciones sobre la red de huachicol fiscal, incluso a nivel interno en la Secretaría de Marina, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que esta madrugada fueron vinculados a proceso 14 detenidos por el caso.

A su vez, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, precisó que ni el ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo ni el ex senador Gerardo Novelo cuentan con orden de aprehensión.

Además, manifestó que el caso no tiene relación con el asesinato del delegado de la FGR en Tamaulipas. Son investigaciones que se llevan aparte.

En la mañanera del pueblo, el secretario de Marina, Raymundo Morales, explicó que la institución a su cargo mantiene controles y medidas de confianza para “evitar que la corrupción se incruste. El objetivo es cero tolerancia y vamos a continuar”.

Dijo que continúa la investigación, pero por el momento no puede señalar si hay más elementos involucrados, pero “estamos colaborando con la FGR”.

Los funcionarios resaltaron que las investigaciones las inició la FGR, tras la petición que en 2024 le hizo ex secretario de Marina Rafael Ojeda, por una serie de denuncias sobre problemas de corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

“Inmediatamente, la FGR no solamente abrió las investigaciones sino que las puso bajo control judicial. Es decir, a partir de ese momento todas las diligencias que se hicieron en esos temas fueron para control judicial”, expuso el fiscal.

Por el tipo de delitos, se dio vista a la Unidad de Inteligencia Financiera, al Servicio de Administración Tributaria y a la Secretaría de Hacienda “y se empezó a armar toda una investigación de ese tipo de delitos, y va a seguir adelante y ha seguido”.

Relató que coincidentemente en marzo “se llevaron a cabo dos acciones en las que estuvo fundamentalmente la Secretaría de Seguridad y la fiscalía, tanto en Ensenada como en Altamira, donde se encontraron depósitos enormes de combustible que no habían sido declarados”.

Y cuando “juntamos toda la información se dio el vínculo, y nosotros de inmediato fuimos ante los jueces y les pedimos las órdenes de aprehensión”.

Precisó que “todas esas personas, salvo dos que estaban fuera del país, están detenidos y hoy en la madrugada nos dieron la vinculación a proceso de todos ellos”.

-¿Los catorce?

-Sí, señor.

Todas esas personas, salvo dos que estaban fuera del país, están detenidos y hoy en la madrugada nos dieron la vinculación a proceso de todos ellos”.

Dijo que no hay una agresión para el país. “Recibí aquí (en Palacio Nacional) al abogado del presidente, Pedro Castillo, que desde nuestro punto de vista vivió un golpe de Estado y me solidaricé con él. Eso fue lo que dije”.

Señaló que es una política que viene desde el ex presidente, Andrés Manuel López Obrador, en este caso, como el de Ecuador, “de romper relaciones con Ecuador por la invasión que tuvo nuestra embajada. Nosotros mantenemos el mismo criterio”.

De acuerdo con documentos del PJF y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), uno de los principales identificados en esta causa penal es Héctor Manuel Portales Ávila, el cual fue detenido el pasado 23 de agosto, y en cuyo proceso penal se mantienen pendientes de cumplir siete órdenes de aprehensión más, entre ellos Roberto Blanco Cantú, identificado como El Señor de los Buques.

La empresa Mefra estaría relacionada con el tráfico y comercialización de combustible robado de ductos de Petróleos Mexicanos y contrabando de hidrocarburos procedentes de Estados Unidos, y entre los casos detectados se encuentra el aseguramiento en el puerto de Tampico de un buque en marzo pasado con 10 millones de litros, causa por la cual han sido detenidas 14 personas, entre ellas nueve miembros de la Semar, y en otro juicio ya fueron vinculadas a proceso penal.

En la causa penal 216/2025 se libró orden de aprehensión en contra de Brenda Mariena “S”, Anuar “G”, José Isabel “M”, José “R”, José René “T”, Roberto Blanco, Gustavo de Jesús “G” y Héctor Manuel Portales por su “probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de posesión ilícita de hidrocarburos de un millón 854 mil litros de gasolina y 580 mil litros de diesel”.

Estas personas, de acuerdo con los documentos gubernamentales, forman parte de “una estructura mayor con gran poder económico capaz de corromper, generar impunidad, amedrentar y presionar a autoridades ministeriales, judiciales, denunciantes y testigos”.

En ese contexto se señala que la Fiscalía General de la República investiga a por lo menos ocho personas mismas que se adujo se encuentran vinculadas a una organización criminal, que incluso presenta vínculos con grupos criminales bien establecidos como es el cártel del Golfo y el cártel Jalisco Nueva Generación, así como empresas fachada con documentación aduanal manipulada y en rutas marítimas internacionales, encontrándose relación con la comisión de, entre otros delitos, en materia de hidrocarburos y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”.