Cosoleacaque, Ver.- Cuatro años y medio después de una de las agresiones más brutales que cimbró al sur de Veracruz, la justicia alcanzó a los implicados en el doble feminicidio de la exalcaldesa Gladys Merlín Castro y su hija Carla Enríquez Merlín. Un tribunal emitió condenas que van de los 45 a los 55 años de prisión contra cinco personas, entre ellas integrantes de su propio círculo de seguridad.

Isabel “N”, Víctor “N”, Marcos de Jesús “N” y Marco Antonio “N” recibieron una sentencia de 55 años de cárcel tras ser hallados culpables del delito de feminicidio. En tanto, Luis Alberto “N” fue sentenciado a 45 años por homicidio doloso calificado. Además, se les suspendieron sus derechos políticos y civiles.

El crimen ocurrió la madrugada del 15 de febrero de 2021 en la vivienda de la familia, situada en la calle Correos del Barrio Primero. Las víctimas fueron sorprendidas dentro de su propio hogar, escenario de un ataque que dejó huella en la memoria colectiva y expuso con crudeza la vulnerabilidad de las mujeres, incluso aquellas con posiciones de poder político.

Gladys Merlín había sido alcaldesa y diputada local, mientras que su hija Carla empezaba a figurar en la vida pública. Su asesinato generó indignación nacional y marcó un punto de quiebre en la percepción de inseguridad en la región.

Aunque el móvil no fue detallado por la Fiscalía General del Estado, las pesquisas confirmaron un lazo cercano entre víctimas y agresores: dos de los condenados, padre e hijo, tenían funciones de escolta de Carla; otros dos formaban parte del equipo de seguridad familiar. Las investigaciones señalan que el ataque surgió de un intento de robo que terminó en una ejecución violenta.

Con la resolución del juicio oral 53/2024, la justicia da un paso en un caso que permanecía como herida abierta en la sociedad veracruzana. Sin embargo, el silencio sobre las motivaciones reales detrás del crimen sigue alimentando dudas y reclamos.

Ciudad de México. El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) recibió el expediente del exjuez federal Anuar González Hemadi, en el que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó su destitución e inhabilitación por diez años para ocupar cargos en el servicio público, debido a irregularidades en el desempeño de sus funciones. El exjuzgador se encuentra actualmente detenido por su presunta implicación en una red de “huachicol fiscal”.

La Corte resolvió este asunto en febrero del año pasado, pero este martes notificó en listas judiciales el envío del expediente al TDJ, a fin de actualizar la situación de inhabilitación del abogado dictada desde 2019. Ello obedece a que este tribunal sustituyó, desde el 1 de septiembre pasado, al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) como la instancia que atiende los procedimientos de responsabilidades administrativas de servidores públicos que ejercen funciones jurisdiccionales.

González Hemadi figura entre los 14 detenidos vinculados con la red de “huachicol fiscal”, con operaciones en Tamaulipas y otras entidades del país, presuntamente liderada por dos hermanos integrantes de la Secretaría de Marina: el vicealmirante Roberto Manuel Farías Laguna, ya aprehendido, y su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, prófugo.

El exjuez fue detenido al ser representante legal de Mefra Fletes, empresa presuntamente vinculada con dicha red criminal, dedicada al contrabando o fraude en el comercio de combustibles mediante facturas falsas para la evasión de impuestos. 

En la SCJN, Anuar González impugnó en su momento la inhabilitación que determinó el CJF por errores en su declaración patrimonial, por resolver un juicio en el que estaba impedido y otras irregularidades.  Entre los casos polémicos por los que se le señaló está el de los llamados “Porkys de Costa de Oro” sobre un abuso sexual a una menor de edad, ocurrido en 2015. 

Sin embargo, el Pleno de los ministros resolvió por unanimidad, el 12 de febrero del 2024, que los agravios presentados eran infundados o inoperantes. Consideró acreditadas las causas de responsabilidad previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, particularmente el descuido notorio en el desempeño de sus funciones y la omisión de declararse impedido en asuntos en los que había manifestado animadversión.

Aunque la Corte reconoció errores del CJF en la calificación de algunas faltas patrimoniales, consideró que las conductas más graves bastaban para sostener la destitución e inhabilitación.

El procedimiento se originó en 2017, cuando medios difundieron que el juez había concedido un amparo a un acusado de pederastia, lo que motivó al CJF a iniciar una visita extraordinaria y a suspenderlo. Tras años de investigación, en febrero de 2019 el Pleno del Consejo concluyó el procedimiento disciplinario e impuso la sanción. El recurso ante la SCJN se interpuso en abril de 2019 y fue resuelto el 12 de febrero de 2024, después de múltiples escritos y pruebas presentadas por el recurrente.