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Orizaba, Ver.– Tres oficiales de la Guardia Nacional (GN) División Seguridad Regional resultaron lesionados y se registraron cuantiosos daños materiales luego de un aparatoso accidente ocurrido la tarde de este lunes sobre la calle Real o avenida Poniente 7 y sur 12, en la zona centro de Orizaba.

Se supo que la patrulla de la GN, Chevrolet Cheyenne doble cabina, color blanco, con número económico 30975 salía de la calle Sur 12 para incorporarse a la Calle Real con dirección al norte, cuando fue impactada por una grúa Ford F250 de la empresa Grúas y Asistencia Lizama, la cual remolcaba una camioneta Dodge RAM gris.

Por la fuerza del impacto, tres elementos que viajaban en la batea de la unidad oficial salieron proyectados y cayeron sobre el pavimento, resultando con lesiones de consideración.

Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja y Protección Civil acudieron de inmediato para brindar los primeros auxilios y trasladar a los oficiales a un hospital de la región para una valoración médica especializada.

En el sitio también se desplegó un operativo integrado por elementos federales, así como policías municipales y de vialidad, quienes tomaron conocimiento del accidente y coordinaron el retiro de las unidades involucradas para el deslinde de responsabilidades.

En el documento, la organización señala que Aguilar Sánchez ignoró reiterados llamados de especialistas en derecho universitario, exintegrantes de la Junta de Gobierno, profesores, investigadores y miles de estudiantes, quienes advirtieron que no contaba con atribuciones legales para solicitar o ejercer una prórroga en el cargo.

De acuerdo con la carta, el exrector habría violentado la Ley Orgánica, la Ley de Autonomía y el Reglamento de la Junta de Gobierno, además de negarse a rendir cuentas y desatender las manifestaciones realizadas en distintas sedes universitarias. La Red por la Legalidad acusa que esta postura ha generado una crisis institucional sin precedentes, arrastrando también a la Junta de Gobierno por las acciones irregulares que habría permitido.

El colectivo sostiene que la permanencia de Aguilar Sánchez constituye un acto de “usurpación” y una falta ética y jurídica, al desacatar de forma reiterada los límites que establece la normatividad universitaria. “Usted no es rector. Usted usurpa un cargo que ya no le pertenece”, afirman en la carta.

Finalmente, la Red por la Legalidad UV exige que Aguilar Sánchez se retire de las funciones rectorales, reconozca la violación a la legalidad e impulse la restitución del orden institucional. El documento concluye señalando que aún está a tiempo de rectificar y evitar que su legado quede marcado por la arbitrariedad.